EL GOBIERNO DE CANARIAS TRAMITA UNA NUEVA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO QUE SUPRIME LA POSIBILIDAD DE QUE LOS EXPEDIENTES PARA DECLARAR BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC) SE REALICEN A INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS
DE “EL PATRIMONIO ES DE LOS CIUDADANOS” A “EL PATRIMONIO ES DE LOS POLÍTICOS Y SUS TÉCNICOS”
El Gobierno de Canarias ha decidido que el Patrimonio Histórico debe excluir la participación de los ciudadanos. Su proyecto para la nueva Ley de Patrimonio Histórico suprime la posibilidad de que los expedientes para declarar bienes de interés cultural (BIC) se abran a petición de los ciudadanos, que, eso sí, tendrán la posibilidad de hacerlo en bienes de menor nivel de protección.
La medida ha causado gran malestar en los colectivos ciudadanos, como la Coordinadora Popular Ecologista de El Rincón, un movimiento ciudadano que en 1992 logró reunir más de 33.000 firmas para proteger el espacio costero de La Orotava. Para los ecologistas la medida es escandalosa al marginar a la ciudadanía en la valoración de su patrimonio con iniciativas para la declaración de BICs, una de las grandes aportaciones que estableció la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985.
La Coordinadora, además, considera “sonrojante” que el Gobierno regional ignore la propia Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana, cuyo artículo 4 obliga a los poderes públicos del Archipiélago a “adoptar todas las medidas que posibiliten” la participación de los ciudadanos.
En tiempos de Franco siempre se decía que los ciudadanos no estaban “maduros para la democracia” y ahora los políticos canarios legislan como si los ciudadanos no estuvieran maduros para valorar su propio patrimonio histórico.
Así, con señales tan evidentes como en este proyecto canario, vamos pasando de aquel principio básico que establecía la LPHE de 1985 , el patrimonio es de los ciudadanos, a los nuevos valores antidemocráticos de que el patrimonio es de los políticos y sus técnicos.
