El castillo de San Pedro se cae, mientras van 150 denuncias por el estado de la cala (Artículo de Eva de la Torre. La Voz de Almería, 3-6-2016)
El castillo fortaleza de la cala de San Pedro del siglo XVI, en injustificable estado de ruina, está a punto de perder su torre; mientras, la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tiene en su poder un proyecto de conservación del castillo desde enero de 2012 elaborado por encargo del propietario, cuyo coste total supera los dos millones de euros. Desde Amigos de la Alcazaba venimos denunciando hace años el lamentable abandono que sufre este monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985. Ya en abril de 2010, exigíamos, junto a la fortificación, su rehabilitación con nuestras “Banderas Negras”.
Visita en Abril de 2010 de Amigos de la Alcazaba al castillo.
Artículo de La Voz de Almería. Enlace:http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/107720/3/El-castillo-de-San-Pedro-se-cae,-mientras-van-150-denuncias-por-el-estado-de-la-cala
«El castillo fortaleza de la cala de San Pedro está a punto de perder su torre. Levantado en el siglo XVI para defender la costa de los ataques de los piratas, el deterioro de este edificio, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, avanza de forma imparable. Además de los sucesivos derrumbes de las paredes del torreón, ahora lo que queda de la torre del castillo esta prácticamente sin cimientos y a punto de pivotar y caer ladera abajo, con el riesgo de que acabe encima de la gente.
El primer derrumbe importante ocurrió en 2004, momento en el que el propietario de la finca en la que se encuentra el castillo solicitó al Ayuntamiento de Níjar licencia para apuntalar y afianzar el castillo, permiso que le fue denegado ya que, para cualquier obra, exigía un proyecto completo de conservación.
Pues bien, la Junta de Andalucía, concretamente la delegación de Cultura, tiene en su poder un proyecto de conservación del castillo desde enero de 2012. Elaborado por encargo del propietario por dos arquitectos y con el visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, el proyecto consta de dos fases: la primera de consolidación y restitución parcial, y la segunda, de restauración. El coste total del proyecto supera los dos millones de euros.
Mientras nada se hace para evitar que el castillo se venga abajo, el propietario ha presentado ya 150 denuncias ante la Guardia Civil por el estado de la cala de San Pedro. En concreto, denuncia al delegado de Medio Ambiente por permitir “la acampada, construcción de habitáculos, hogueras y estacionamiento” de vehículos. Además, en el escrito pide que se haga responsable al delegado o a la persona que corresponda de los daños que se produzcan en “los valores naturales e históricos de la Cala de San Pedro”.
La pequeña playa que baña esta cala es muy frecuentada por personas que practican el nudismo y, a lo largo de los años, se ha convertido en lugar de residencia permanente de un grupo de personas que ha ido habilitando construcciones de todo tipo. Todas las administraciones anunciaron un plan para recuperar la cala, pero de momento, nada ha cambiado.
La RAE contra una sanción urbanística
El Ayuntamiento de Níjar ha propuesto sanción por una infracción urbanística contra el propietario de la Cala de San Pedro por roturar una finca de su propiedad en el paraje de Los Ricardillos, en Las Negras, para plantar 850 olivos, careciendo de autorización y sobre suelo no urbanizable de especial protección, de acuerdo a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En sus alegaciones, el propietario niega la mayor y echa mano de la Real Academia de la Lengua Española para recordar que la palabra roturar significa “Arar o labrar por primera vez las tierras eriales o los montes descuajados, para ponerlos en cultivo”, lo que le lleva a argumentar que “no se pueden imputar” unos hechos que no se han producido, ya que “la tierra ha estado labrada desde tiempo inmemorial”. Para apoyar esta afirmación, alega la calificación de la finca que aparece en el Catastro, donde se recoge como “de uso agrario”.
La sanción a la que se enfrenta por la infracción denunciada es de entre 6.000 y 120.000 euros».
