¿ABRIR O NO ABRIR LAS MURALLAS? THAT IS THE QUESTION
Hemos esperado durante meses las primeras declaraciones públicas de la directora de la Alcazaba. Hemos esperado pacientemente a que nos aclarara cuáles van a ser los grandes objetivos que se ha marcado para profundizar en la investigación, la conservación y la difusión de nuestro monumento más querido. Esperábamos a que hiciera públicos los resultados de los últimos años de intervenciones arqueológicas y los criterios de las últimas restauraciones, que hemos demandado insistentemente. También esperábamos a que nos aclarara qué medidas iba a tomar para “abrir las murallas” a los ciudadanos.
Pero no, no ha sido así y hemos de reconocer que nos hemos equivocado completamente. Las primeras declaraciones de la directora de la Alcazaba, María Luisa García, han sido para “aclarar” que las asociaciones y colectivos en pro del patrimonio histórico no pueden participar en las comisiones técnicas, pues “por sociales, tienen otros ámbitos”
Estas declaraciones adquieren un valor muy ilustrativo acerca de las ideas e ideales de la nueva directora de la Alcazaba, por producirse un día después, y como respuesta, del I Encuentro de Asociaciones, Colectivos y Agentes Sociales en Defensa de nuestro Patrimonio, que demandó participación democrática en los asuntos de nuestro patrimonio. Y aunque nos tranquiliza saber que no le corresponden a ella, por técnica, dar respuesta a dichas peticiones, sí nos preocupa que su primera declaración pública haya sido para hacernos saber su desacuerdo con una posible participación ciudadana en el monumento más emblemático de nuestra ciudad.
25 Colectivos reunidos en el I Encuentro de Colectivos por la defensa de nuestro patrimonio acordaron que “puesto que el Patrimonio no es propiedad ni de la Administración ni de los políticos y técnicos que la componen sino que ellos son quienes los que lo administran y tutelan en representación de los ciudadanos, los ciudadanos tenemos derecho a que se realice una gestión no solo eficaz, sino también democrática del mismo, con pleno derecho a la información y a la participación en dicha gestión”. Estas peticiones se las haremos llegar inmeditamente a nuestra nueva Delegada. Esperamos que Yolanda Callejón, que sí es competente, por Delegada, responda satisfactoriamente a nuestras demandas de participación democrática en la gestión de nuestro patrimonio. Que se note que llevamos 31 años de democracia.
Sobre el tema de la participación de la sociedad civil en los asuntos del patrimonio cultural, reproducimos el artículo enviado por nuestros amigos de la Asociación ATHENÁA:
EL VERBO PARTICIPAR SE DECLINA EN PRESENTE
En el I Encuentro de Asociaciones Culturales en Defensa del Patrimonio se ha producido un debate sobre el significado de la “participación” en el patrimonio histórico, una cuestión que afecta a la razón de ser y al funcionamiento de los propios colectivos. Las opiniones de amigos de formación y experiencia jurídica nos aclaran las ideas al respecto.
Todos tenemos claro que la participación es un derecho. Es incluso una obligación moral.
Participar en patrimonio no significa (sólo) repartir las invitaciones a un evento para mejorar su difusión. O explicar un día gratis el museo tras haberse leído cinco libros. Tampoco se reduce a aplaudir continuamente y mirar a otro lado en caso necesario esperando la próxima subvención.
Se podría disculpar esta opinión, y esta actitud (cuya finalidad, en muchos casos, parece obedecer a la necesidad de reducir gastos a costa de la buena fe de los demás), si se tratara de bienes y dineros privados o estuviéramos hablando de posturas personales, si afectara a “desocupados” deseosas de llenar su “tiempo libre”.
Pero no. Y no puede serlo por el carácter público del patrimonio histórico. Público en función, público en tutela (¿Qué querrá decir esa palabra?), público en destino. Esto significa que nos ataña a todos y que a todos obliga.
Participar es contribuir, es colaborar, es aportar. Es influir en los proyectos, en los programas y en las políticas que nos afectan. Es la posibilidad de compartir lo público, de trabajar en mejorar lo de todos.
En una sociedad democrática, participar no es un cándido deseo o una vana intención; no es (no puede ser) una declaración retórica que se dicta para ser incumplida. Porque está escrita de manera indudable en las leyes (por ejemplo, en el artículo 48 de la Constitución). Incluso está presente en compromisos políticos firmes (la Junta de Andalucía tiene prevista una Ley de Participación Ciudadana, cuyo borrador podría estar redactado en… 2011).
Por desgracia, hay gente que no acaba de comprender que no es positiva (ni aceptable desde hace… 31 años) la separación entre el administrador y ciudadano y que el despotismo ilustrado acabó hace… ¿doscientos años? Hay políticos, incluso, que no acaban de entender que la participación siempre es una baza a su favor.
Así que debemos tener tenacidad y paciencia.
Artículo 8º.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985: «será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español».
Sobre la participación ciudadana, hemos encontrado tres vínculos que pueden resultar de interés:
http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/pd/obsdoc/
http://www.septemnostra.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=94
http://www.uv.es/~ripj/4aba.htm
Y una recomendación: poner en vuestros favoritos el vínculo que sigue:
http://www.canalpatrimonio.com/es/contenido/?idsec=4
